¿Por qué siguen viajando las personas y no los datos? Por @diepando

caminoPor Diego Pando. Publicado en NovaGob.

Las administraciones públicas de América Latina presentan una heterogénea, amplia y variada oferta de servicios electrónicos, tanto en sus instancias nacionales como subnacionales. El gobierno electrónico se ha construido fundamentalmente a partir de la iniciativa individual de distintos organismos públicos, con ritmos de crecimiento y desarrollo desiguales, que posicionan a los países de la región en términos generales en un rango intermedio en esta materia a nivel internacional.

Así, el panorama varía desde aquellos organismos que mantienen casi intacta la cultura del papel y del expediente, pasando por otros que hacen un uso poco intensivo de las tecnologías de información (TI) hasta llegar a otros que intentan hacer de estas herramientas una utilización estratégica para modernizar sus procesos de gestión. Mientras que los primeros se limitan a un sitio web a modo de “vidriera” y no mucho más, los segundos adoptan una mirada unidireccional, estática, con poco valor agregado y con intentos que no van más allá de avanzar hacia la despapelización de la gestión; por su parte, los terceros han logrado interesantes avances en la producción e intercambio de datos para la toma de decisiones, la disminución de cargas administrativas para los ciudadanos y la reducción de los tiempos para procesar y entregar servicios.

El hecho de que la incorporación de TI por parte de las agencias gubernamentales se haya realizado principalmente a partir de la consideración por parte de cada una de ellas de sus necesidades particulares, ha generado “islas” que se caracterizan por un manejo poco eficiente y descoordinado de la información (más allá de los recursos disponibles), con diversidad de clasificaciones y diferentes codificaciones de los datos públicos. En términos generales, la gestión de los datos públicos en América Latina se caracteriza por el bajo grado de digitalización de los mismos (y, cuando lo están, muchas veces no cuentan con calidad, consistencia y disponibilidad), la disgregación de bases de datos relativas incluso a un mismo ámbito, la inexistencia de modelos de datos comunes, la baja práctica en el uso de estándares y las decisiones aisladas que ejercen los organismos a la hora de decidir la informatización de procesos de captura.

La mayoría de los organismos de las administraciones públicas latinoamericanas tiene excesiva autonomía para definir su propia política informática, con escasos mecanismos de coordinación intersectorial, lo cual tiende a producir discrecionalidad y variedad de metodologías e infraestructura. A raíz de esta situación, varias instituciones, aun habiendo invertido mucho en TI, no han conseguido los resultados esperados.

Asimismo, y más allá de la creciente sensibilidad que muestran los distintos organismos sobre la importancia del uso intensivo de las TI, se observa una marcada heterogeneidad en las unidades informáticas. Así, la situación varía desde algunas unidades informáticas dotadas de recursos económicos, humanos y materiales que reportan al máximo responsable político de la organización con total responsabilidad sobre la gestión de la información, hasta otras unidades informales menores que reportan a segundas líneas y que disponen de escasos recursos. Esta asimetría repercute en la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos a los que cada institución se orienta.

Por otro lado, existe escasa interacción entre los responsables de la gestión informática de los distintos organismos, la cual se da más por relaciones voluntarias particulares que por cuestiones institucionales. En esta situación, la mayoría de las decisiones de adquisición tecnológica son tomadas por cada institución sin tener en cuenta la situación o planes de las demás. Esta lógica, además, fue potenciada en muchos casos por el funcionamiento independiente de las unidades ejecutoras impulsadas por los organismos internacionales de crédito. Hay que destacar además que esta situación ha sido impulsada por los propios proveedores de equipamientos, los cuales a veces se aprovechan de la fragmentación gubernamental para vender múltiples sistemas informacionales y ofrecer, después de un tiempo, soluciones integradoras.

Todo esto en un contexto caracterizado por el relegamiento de la gestión de la información en las agendas de muchas instituciones públicas. La producción, procesamiento, utilización y transmisión de información no suele ser considerada un insumo fundamental para la toma de decisiones, la prestación de servicios y el control y la evaluación del accionar público. Cabe agregar, además, que no sólo a veces se da la espalda a los legítimos requerimientos de usuarios internos y externos sino que otras veces esos requerimientos ni siquiera existen.

Como consecuencia de lo mencionado hasta aquí, el intercambio de datos a través del diseño e implementación de servicios electrónicos coordinados (lo que se conoce como interoperabilidad) es bajo. Los datos suelen encontrarse distribuidos en diferentes organismos y estar disponible sólo para las tareas propias de cada uno de ellos.

Así, las administraciones públicas latinoamericanas (en sentido amplio, incluyendo instancias nacionales y subnacionales) tienen un largo camino por recorrer para asumir el costo de su estructura y complejidad y no transferir este costo a sus ciudadanos. Si uno se pregunta, por ejemplo, por qué habitualmente los datos son pedidos por distintos organismos públicos de forma parecida una y otra vez y deben ser informados por parte de personas físicas o jurídicas en reiteradas oportunidades, la respuesta la encuentra en este bajo nivel de interoperabilidad. La única forma de evitar que las personas tengan que ir de un organismo a otro para realizar un trámite, consiste en lograr que sean los datos los que viajen. Desde ya, este es un desafío que trasciende ampliamente lo tecnológico.

Enlace original aquí.

Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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